El presidente Leonel Fernández aseguró ayer que con la reforma constitucional efectuada este año la República Dominicana está viviendo una verdadera y profunda revolución institucional y democrática, la cual ha colocado al país a la altura del siglo XXI.
Fernández precisó que la Nueva Constitución de la República ha resuelto dos problemas fundamentales que tenía el país: el reconocimiento de la justicia social y la legitimidad del acceso al poder. Al pronunciar la conferencia “Retos institucionales de la sociedad dominicana tras la Reforma Constitucional”, dentro del marco de la celebración del 20 aniversario de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), el jefe del Estado dijo que fruto de la Reforma el país ha superado el modelo neopopulista y neoliberal, y la función pública ha comenzado a adecentarse.
Derechos fundamentales
Fernández observó que en esta primera década del siglo XXI los núcleos más influyentes del país han logrado articular, en la nueva Constitución, una visión de conjunto que permite ver que la nación avanza hacia un Estado democrático y social de derecho. Dijo que la nueva Constitución es respetuosa de los derechos fundamentales, crea garantías jurisdiccionales, define la relación entre Estado y mercado y reconoce la libertad de empresa como elemento esencial para la creación de riquezas y prosperidad.
Sostuvo que la nueva Carta Magna es un paso inmenso para que la sociedad dominicana resuelva la legitimidad de acceso al poder y reconocer la justicia social, tomando en cuenta los derechos a la salud, la vivienda, la educación y los individuales, entre otros. Refirió que el país ha vivido un largo proceso de transición a la democracia históricamente que tiene varios períodos importantes, destacando el golpe de Estado a Juan Bosch, la intervención norteamericana de 1965 y la Constitución de 1994. Fernández dijo que el 28% de los empleados públicos está amparado por la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, lo que indica que al momento de una cancelación hay que darles sus prestaciones laborales.
El evento, realizado en un hotel de la capital, reunió a personalidades ligadas al ámbito jurídico, legisladores, miembros de la Suprema Corte de Justicia y de fuerzas políticas.
Fernández precisó que la Nueva Constitución de la República ha resuelto dos problemas fundamentales que tenía el país: el reconocimiento de la justicia social y la legitimidad del acceso al poder. Al pronunciar la conferencia “Retos institucionales de la sociedad dominicana tras la Reforma Constitucional”, dentro del marco de la celebración del 20 aniversario de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), el jefe del Estado dijo que fruto de la Reforma el país ha superado el modelo neopopulista y neoliberal, y la función pública ha comenzado a adecentarse.
Derechos fundamentales
Fernández observó que en esta primera década del siglo XXI los núcleos más influyentes del país han logrado articular, en la nueva Constitución, una visión de conjunto que permite ver que la nación avanza hacia un Estado democrático y social de derecho. Dijo que la nueva Constitución es respetuosa de los derechos fundamentales, crea garantías jurisdiccionales, define la relación entre Estado y mercado y reconoce la libertad de empresa como elemento esencial para la creación de riquezas y prosperidad.
Sostuvo que la nueva Carta Magna es un paso inmenso para que la sociedad dominicana resuelva la legitimidad de acceso al poder y reconocer la justicia social, tomando en cuenta los derechos a la salud, la vivienda, la educación y los individuales, entre otros. Refirió que el país ha vivido un largo proceso de transición a la democracia históricamente que tiene varios períodos importantes, destacando el golpe de Estado a Juan Bosch, la intervención norteamericana de 1965 y la Constitución de 1994. Fernández dijo que el 28% de los empleados públicos está amparado por la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, lo que indica que al momento de una cancelación hay que darles sus prestaciones laborales.
El evento, realizado en un hotel de la capital, reunió a personalidades ligadas al ámbito jurídico, legisladores, miembros de la Suprema Corte de Justicia y de fuerzas políticas.
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